Por Vanina Wiman (Secretaría de Prensa)

LA PLATA (14abr05).- La Unidad Fiscal Federal pidió ayer la detención e indagatoria de los ex titulares de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) Osvaldo Juan De Baldrich y Alfredo Fernández, en el marco de la causa que investiga el centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría 5º. Es por 115 casos de privación ilegal de la libertad y torturas ocurridos en esa dependencia durante la última dictadura. 

"Los datos archivados en la DIPBA y la accesibilidad a ellos por parte de las fuerzas represivas constituyeron uno de los ejes del aparato terrorista puesto en funcionamiento desde la estructura estatal" , dice la presentación, firmada por el fiscal federal Sergio Franco y entregada al juez Arnaldo Corazza. 

Basándose en la sentencia del Juicio a las Juntas, en 1985, la Fiscalía consideró probado que las detenciones y secuestros ocurridos durante la dictadura "eran precedidos necesariamente por una labor de inteligencia que individualizaba a las futuras víctimas". Y añadió que "esas tareas de inteligencia eran realizadas, al menos en parte, por la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como lo demuestra su voluminoso archivo". 

El material reunido por la DIPBA durante la dictadura fue secuestrado por la Cámara Federal de La Plata en los comienzos del Juicio por la Verdad, y de allí surge el seguimiento al que eran sometidas —tanto antes del golpe del '76 como durante la dictadura— las personas que luego eran detenidas ilegalmente por los grupos de tareas.

La Unidad Fiscal sostuvo que De Baldrich y Fernández "no sólo estaban al tanto del plan de represión ilegal que se cernía sobre esta región y el resto del país, sino que el área que dirigían era un eje fundamental en la estructura criminal organizada". Por eso los dos ex comisarios generales fueron imputados como "coautores mediatos" de los delitos cometidos en la comisaría 5º, desde el momento en que tuvieron "dominio de los hechos a través de la parte que les tocó cumplir en el plan criminal". 

"Al poner la información a disposición de grupos conocidamente dedicados al secuestro, torturas y asesinato de personas, los directores de Inteligencia asumían la posibilidad de que tales ilícitos se produjeran, independientemente de que pudieran llegar a ignorar el modo como cada hecho particular se concretaría", fundamentó la Fiscalía. 

Osvaldo Juan De Baldrich fue director de Inteligencia de la Policía provincial entre el 1 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1977, y Alfredo Fernández lo sucedió en el cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1978. 

En este punto, la Unidad Fiscal hizo un planteo novedoso, al considerar a los ex comisarios responsables no sólo de los casos ocurridos durante el período en que cada uno comandó la Dirección de Inteligencia, sino también de todos los delitos que se cometieron después de que dejaron el cargo. 

"Deben responder no sólo como autores mediatos o partícipes necesarios de aquellos hechos cometidos durante el tiempo que duró su comandancia, sino también como cooperadores necesarios de los posteriores —sostiene el escrito—, puesto que al permanecer la información almacenada en la DIPBA a disposición de las fuerzas militares y policiales, de manera permanente, debieron representarse el destino de dicha información y las consecuencias que su utilización tenía".

Para respaldar este argumento, la Fiscalía estableció un paralelo entre el caso puntual de la dirección de Inteligencia y lo sostenido sobre los comandantes de las sucesivas juntas militares. 

El escrito cita al jurista Marcelo Sancinetti, quien afirma que "al tiempo de la instauración de la primera junta de gobierno, el plan ya incluía la ulterior entrega del mando a las juntas sucesoras, de manera que todo lo cometido por éstas era abarcado por la voluntad de realización de la primera junta, que ponía en marcha el plan". 

Así, "el acto de poner en manos de la junta siguiente las riendas de la acción, con conocimiento de que el plan continuaría, implicaba al menos, evidentemente, cooperación necesaria en todos los hechos que fueron cometidos con posterioridad". 

Siguiendo esta línea de razonamiento, la Fiscalía pidió que De Baldrich sea indagado por 115 casos de personas secuestradas y torturadas en la comisaría 5º, y además por la privación ilegal de la libertad, torturas, sustracción, retención y ocultamiento de Clara Anahí Mariani, y por los homicidios de Diana Teruggi, Roberto Porfidio, Eduardo Mendiburu y Juan Carlos Peiris, asesinados el 24 de noviembre de 1976 en el operativo en el que las fuerzas conjuntas bombardearon la casa de calle 30, entre 55 y 56. Fernández, a su vez, deberá responder por cinco casos de personas secuestradas en la 5º.