INFORME DEL ESTADO DE LA CAUSA: E.S.M.A.

La causa ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada) esta radicada en el Juzgado 12 secretaría 23, del Juez Torres. Caratulada: "ESMA, Hechos denunciados como ocurridos en la escuela de Mecánica de la Armada", expediente 14217/03.

En la misma nos presentamos solicitando ser tenidos como querellantes como organismo y patrocinando a 30 querellantes particulares.

El Juez dictó una resolución el 16-9-03,disponiendo que el dictado de la ley 25779 retrotrae la situación procesal de los imputados a la que tenían con anterioridad a la vigencia de la ley 23521 (Ob.debida).

Por este motivo, se colocó a los imputados en la situación de procesamiento y prisión preventiva anterior a 1987. Ordenándose su detención.
Se encuentran así detenidos: Juan Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Azic, Carlos Octavio Capdevila, Adolfo Miguel Donda, Héctor Antonio Febres, Manuel Jacinto García Tallada, Oscar Antonio Montes y Antonio Pernías, Raúl Enrique Scheller.
Contra la resolución referida los defensores plantearon todas las excepciones existentes: falta de competencia o jurisdicción, falta de acción, inconstitucionalidad, nulidad, apelación etc. Y por, supuesto, pidiendo excarcelación.
El fiscal presentó el requerimiento de elevación a juicio oral y también lo hicimos las querellas,
El represor Scheller, presentó un recurso contra la resolución que reabría las causas, fue denegado por el Juez y por la Cámara y posteriormente, el imputado, presento apelación a la Camara de Casación. ( Tribunal Superior de todas las Cámaras Federales), eso provocó, que esa parte del juicio llamada "Testimonios A", se paralizara y fuera remitida a Casación. De los hechos de casación informamos aparte.

ESTADO DE LA CAUSA EN LA CAMARA DE CASACION:

Dos resoluciones del mes de mayo, de esta reaccionaria Cámara favorecen a Raúl Scheller, que integró desde 1976 hasta 1983 el sector Inteligencia del Grupo de Tareas que actuó en la ESMA.
Tras la reapertura de la causa ESMA y la detención de Scheller , argumentando que el Congreso no podía dictar leyes anulatorias, su defensa interpuso ante la Cámara de Casación "recurso de revocatoria" y "recurso de casación en subsidio" (recurso sólo admisible frente a sentencias definitivas y en casos muy especiales). Ajustándose a los Códigos, la Cámara Federal rechazó la revocatoria y no le concedió el recurso de casación, pues sostuvo que su resolución de sortear las causas ante la sanción de la ley 25.779 no era una sentencia sino una decisión administrativa, por lo tanto no era recurrible, y el recurso de casación no podía interponerse en esta instancia.

La defensa de Scheller decidió entonces presentarse con un "recurso de queja" ante la propia Cámara de Casación para que le concediera lo que la Cámara Federal no le habilitaba.
Cuando había que definir cuál de las cuatro salas de la Cámara de Casación debía intervenir en la queja, se planteó un conflicto de competencia entre las salas II y IV. Cada una sostenía –con diferentes argumentos– que debía intervenir la otra sala.

Como no hubo acuerdo entre esas salas, los miembros de las salas I y III debían dictar un fallo plenario. Los camaristas Gustavo Mitchell, Juan C. Rodríguez Basavilbaso, Eduardo Riggi, Guillermo Tragant, Liliana Catucci, Angela Ledesma y Alfredo Bisordi, decidieron que el recurso de queja presentado por el genocida Raúl Scheller debía ser resuelto por Sala IV, conocida como Sala Militar por tener "competencia en este fuero". Esa Sala tiene asignada competencia para intervenir cuando se recurre un fallo de la justicia militar. Pero en el caso Scheller no se juzga un "delito militar" sino un delito de lesa humanidad. La resolución –aunque su efecto práctico no sea determinante–, pone en evidencia una reaccionaria concepción doctrinaria: estos camaristas consideran delitos "militares" a los cometidos por los genocidas y niegan vigencia a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Por ello un conjunto de organismos de Derechos Humanos denunciamos penalmente a los camaristas por "abuso de autoridad" (art. 248 Código Penal).

La Sala IV, a la que le fue derivado espureamente el recurso de queja de Scheller, debía resolver si hacía o no lugar al mismo. Yendo en contra de normas indiscutibles del Código de Procedimientos, de toda la doctrina y jurisprudencia conocida y de su propio criterio en otros casos, la Sala IV –integrada por los doctores Ana M. Capolupo de Durañona y Vedia, Amelia Berraz de Vidal y Gustavo Hornos– le dio la razón a los defensores de Scheller y concedió el mal interpuesto recurso de casación. Esta resolución sí tiene graves efectos prácticos: la Cámara de Casación se ha asignado de manera forzada y arbitraria competencia para resolver sobre la validez o invalidez de la ley 25.779 y ello será debatido por las partes ante ese tribunal en los próximos meses. La Cámara de Casación es el tribunal superior de todas las Cámaras Federales y de todos los Tribunales Orales federales del país. Lo que resuelva en el caso de Scheller anticipará un criterio que se repetirá en el caso del resto de los genocidas y en todos los procesos reabiertos a lo largo y ancho del país. Hemos interpuesto revocatoria contra la resolución que admite el recurso.

Recurso Extraordinario a la Corte Suprema, recusando a los integrantes de la Sala IV de Casación y hemos presentado denuncia penal por abuso de autoridad contra los integrantes de las Salas I y III de casación.

En Marzo de 2005, solicitamos a la fiscalía y pedimos la actualización del art. 180: esto es que el fiscal presenta al juez la instrucción una larguísima lista de delitos cometidos en la ESMA, caso por caso y una lista con todos los represores que le constan estuvieron en la ESMA y con esta le solicita al Juez que tome declaraciones a los testigos y otras pruebas.

INFORME DE LA REUNION DE: SOBREVIVIENTES DE LA ESMA CON EL JUEZ TORRES

GENOCIDAS LIBRES O EN CARCELES DE PRIVILEGIO: JUECES COMPLICES DE LA IMPUNIDAD.

Sobrevivientes de la ESMA protestan ante el juez Torres contra la excarcelación de Jeringa Barrionuevo y las cárceles de privilegio de los genocidas.

Los sobrevivientes de la ESMA, querellantes en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención, se reunieron a principios del 2005 con el juez a cargo de la instrucción, el Dr. Sergio Torres, para plantearle la enorme preocupación por distintas medidas adoptadas en el marco de la causa y exigirle, una vez más, la justicia a la que tantos años de impunidad han hecho imposible acceder.

Uno de los reclamos fue plantear el repudio contra la decisión tomada en el mes de enero de este año, por la cual se dejó en libertad a Juan Lorenzo "Jeringa" Barrionuevo, un enfermero que revistó en la ESMA, quien aplicaba inyecciones de pentonaval a los secuestrados para dormirlos y así hacer los traslados en aviones desde donde eran arrojados al mar.

"Jeringa" fue detenido en el mes de diciembre de 2003 a partir de la denuncia de dos compañeros sobrevivientes que lo reconocieron como uno de los represores de la ESMA.

Habiendo sido dictado su procesamiento con prisión preventiva por algunos de los hechos por los que fuera indagado, el juez Torres no resolvió procesarlo en relación a otros hechos, argumentando que no contaba con pruebas suficientes para adoptar dicha resolución. Lo que motivó que, habiendo cumplido un año de prisión preventiva, fuera dejado en libertad bajo caución juratoria.

Reiterando un planteo sostenido desde la apertura de la causa, los sobrevivientes querellantes junto con nuestros abogados, advierten la gravedad de este criterio judicial, pues entendemos que la única forma de hacer justicia es que cada uno de los represores responda penalmente por todas y cada una de las privaciones ilegales de la libertad y aplicaciones de tormentos que se hallan cometido durante el tiempo en que revistara en ese campo de concentración.

En calidad de autor directo, mediato o partícipe necesario, cada represor en el centro clandestino de detención en el que se desempeñaba y realizando distintas tareas, fue parte de ese plan sistemático de represión que incluyó apropiación de niños, muertes, secuestros, torturas y desapariciones de miles de compañeros.

El juez Torres rechaza esta exigencia y ello se traduce en la excarcelación de un genocida como "Jeringa" y en la posibilidad de que queden impunes miles de crímenes de lesa humanidad.

Por otra parte, los sobrevivientes nuevamente exigieron que los detenidos sean alojados en cárceles comunes y no en arrestos de privilegio, como lo son sus domicilios particulares o las unidades militares.

Tanto Manuel García Tallada como Oscar Montes, cumplen actualmente sus detenciones en sus casas y la supervisión de tal cumplimiento está a cargo de personal de la Armada. El resto de los imputados (Jorge Acosta, Raúl Scheller, Héctor Febres, Adlfo Donda Tigel, Antonio Pernías, Alfredo Astiz, Carlos capdevilla y Juan Antonio Azic) se hallan en diferentes bases militares, gozando de condiciones de detención de privilegio, inimaginables para un preso común, y siendo autores de los crímenes más aberrantes que haya podido sufrir nuestro pueblo.

Tuvimos una entrevista con el Fiscal Taiano para exigirle que active la causa, y se comprometió a elevar al Juez el requerimiento en esta semana, él mismo viene preparándolo hace ya más de un año y medio.

Tambien nos reunimos por segunda vez en este año con el Juez Torres para exigirle que active prontamente los requerimientos del fiscal Taiano y señalarle un sinumero de errores cometidos por su juzgado, entre ellos el caso de "Jeringa" Barrionuevo (Quien está en libertad) ya que fue imputado únicamente por haberle arrojado un baldazo de agua a un compañero, en este sentido se le exigió que considere el resto de las denuncias que lo incriminan como el Enfermero que aplicaba las inyecciones de Pentotal que adormecían a los compañeros antes de ser arrojados al mar.

Se le exigió también, el cierre de fronteras para evitar la fuga de los represores que aun continúan en libertad.

Y, que los detenidos sean alojados en cárceles comunes y no en arrestos de privilegio.or

Se le remarcó que la reciente aparición de los cuerpos de las Madres y la Monja francesa refrendan los testimonios de los sobrevivientes en cuanto al Plan Sistemático de Represión implementado durante la Última Dictadura Militar, ubicando a la Justicia de Nuestro País, y especialmente a la causa ESMA, en la mirada de la opinión pública Nacional e Internacional.

21 de Septiembre de 2005

El Fiscal Federal Dr. Eduardo Taiano: presentará al juzgado del Dr. Torres antes del 30/09/05 el 180 de la mega causa ESMA cumpliendo con la promesa hecha a los querellantes, en la reunión del 10/08/05.

- El Juez Federal Dr. Sergio Torres a partir de la reunión que mantuvo con querellantes el 30/08/05 impartió medidas relacionadas con la Causa Rodolfo Walsh que se detallan a continuación:

a) Pidió a la Cámara Electoral el domicilio de Pisarello y de Tacca; la Cámara contesta que necesita más datos de Pisarello, el Juez responde que lo busquen de diferentes maneras.

b) Envió un oficio al periódico Página 12 pidiendo un ejemplar, Página 12 responde enviando al Juzgado el ejemplar del 26/03/95 con la historia de Rodolfo Walsh.

c) Envió un oficio al Hospital Militar para saber si el 25/03/77 había ingresado una persona herida en los miembros inferiores.

d) Envió un oficio al Comandante en Jefe para saber si Julio Cesar Coronel fue condecorado en los años 77/78, de ser así porque motivo fue condecorado y si la entrega fue en ceremonia pública.

e) Envió un oficio al Jefe de la Policía para saber si Roberto González fue condecorado como en el caso de Julio Cesar Coronel.

f) Cita a través del CELS a Lilia Ferreyra.

g) Pide al Juzgado Contencioso N° 2 antecedentes sobre un reclamo de haberes hecho por Julio Cesar Coronel.

h) Pide a la Cámara la remisión de la investigación sobre Rodolfo Walsh - Causa 13 -.

Todos los Oficios citados precedentemente, salieron del Juzgado del Dr. Torres y a la fecha han contestado Página 12 y la Jefatura de Policía que además adjuntó el legajo personal de Roberto González.

El 24.10.05 el juez federal Sergio Torres ordenó la detención e indagatoria de doce represores en el marco de la causa en la que se investiga el secuestro y asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh, ocurrido el 24 de marzo de 1977.

Walsh, autor de las investigaciones Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo?, fue capturado por militares el 25 de marzo de 1977 cuando viajaba en su coche por la esquina de San Juan y Entre Ríos, en el barrio de San Cristóbal. Al defenderse, el periodista y escritor fue baleado y su cuerpo llevado a la ESMA.

Esta resolución del juez Torres se desprende del expediente "incidente de Búsqueda de Rodolfo Walsh", que es una derivación de la megacausa en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito de la ESMA.

El magistrado le pidió al jefe de la Policía Federal, Norberto Valleca, que disponga la detención de los marinos Enrique Yon y Juan Carlos Rolon, y a Julio César Coronel, del Ejército Argentino, de Roberto Oscar González, Ernesto Frimon Weber, Pedro Osvaldo Salvia, Juan Carlos Fotea y Juan Carlos Linarez, además, a los ex agentes del Servicio Penitenciario Federal Gonzalo Sánchez, Roberto Naya y Carlos Orlando Generoso. Respecto del ex prefecto Héctor Antonio Febres, quien ya se encuentra detenido en otras causas, el juez ordenó que se inscriba esta nueva orden a su disposición y que se reiteren las órdenes de captura internacional del marino Jorge Vildoza, prófugo de la Justicia.
Por la megacausa ESMA, y también por el secuestro de Walsh, están imputados además el destituido capitán de la Armada Alfredo Astiz, Jorge "el Tigre" Acosta y Jorge Rádice, quienes ya están detenidos a disposición de Torres.

25 de Octubre de 2005

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó al juez Sergio Torres que se les tome declaración por los secuestros y desapariciones de 614 personas que pasaron por la ESMA. Solicitó la detención de 295 represores que habrían actuado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El requerimiento hecho al juez federal Sergio Torres incluye a 256 marinos, 11 militares, 6 prefectos, 17 policías federales y 5 guardiacárceles. Todos están imputados en la denominada megacausa ESMA.

16 de Mayo de 2006

NUEVAS DETENCIONES Y LLAMADOS A INDAGATORIA EN LA CAUSA ESMA

Otros doce marinos tras las rejas

Los acusados fueron arrestados ayer. El juez Sergio Torres también ordenó una veintena de declaraciones. Los nombres.

La megacausa que investiga los crímenes cometidos en la ESMA registró ayer un nuevo avance con la detención de doce represores acusados por el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de unas cien personas durante la dictadura. La medida fue tomada por el juez federal Sergio Torres, quien además citó a declaración indagatoria a una veintena de militares que actuaron en el emblemático centro de detención. El paquete también incluyó un pedido de detención internacional para el represor Gonzalo Sánchez, procesado por el crimen de Rodolfo Walsh.

Entre los nuevos nombres a los que apuntó Torres figuran el del capitán de corbeta Olegario Menéndez Salvio, conocido como “capital”, acusado por ser el responsable del secuestro de 27 personas y la desaparición de 17 durante su gestión como subdirector de la ESMA hasta julio de 1976, y el ex oficial del Servicio de Informaciones Navales Francisco Lucio Rioja, cuyas dotes de interrogador le valieron el apodo de “Fibra”. En la terna, además quedó nominado el vicealmirante Luis María Mendía, alias “El Cristiano”, quien como comandante de Operaciones Navales fue nada menos que el encargado de dar instrucciones a los oficiales de la ESMA para los vuelos de la muerte. Así lo confirmó el capitán de navío y primer oficial arrepentido Adolfo Scilingo, quien durante su confesión en 1995 aseguró que fue Mendía quien los recibió antes de subir a los aviones y les dijo que “los subversivos condenados iban a volar” antes de aclarar que “había consultado con las autoridades eclesiásticas para buscar una forma cristiana y poco violenta”.

La lista se completa con los marinos Ricardo Corbeta, Jorge Raúl González, Pedro Antonio Santamaría, Víctor Cardo, Horacio González Llanos, Gustavo Fernández, Andrés Francisco Valdez, Roque Angel Martello y Carlos Adalberto Rodríguez Carranza. Según confirmaron fuentes judiciales a Página/12, ayer todos quedaron arrestados y se estaba tratando de definir dónde permanecerán detenidos luego de que presten declaración en el juzgado.

Pero eso no fue todo. Torres citó a indagatoria a unos 25 represores. Las audiencias fueron previstas durante estas dos semanas. Entre ellos se encuentran Alfredo Astiz y Antonio Pernías, quienes ya se presentaron a declarar en la causa varias veces pero siempre se retiraron del tribunal sin haber aportado prácticamente ningún dato. La orden también incluyó a Jorge “Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón y a dos militares reconocidos en varios de los testimonios de sobrevivientes como “Cacho” y “Pato”. Hasta ahora, ambos suboficiales no pudieron ser identificados, con lo cual Torres solicitó a la Policía Federal que los individualice y colabore con su captura.

Las ampliaciones de indagatorias fueron dispuestas ante el requerimiento formulado por el fiscal Eduardo Taiano luego de que la causa cobrara impulso con la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El fiscal había solicitado unas doscientas indagatorias a imputados para cerrar la etapa de instrucción y elevar la causa a plenario. Como parte de ello, Torres pidió la captura internacional del ex integrante del Servicio Penitenciario Gonzalo Sánchez, quien por el momento permanece prófugo. Conocido como “Chispa”, Sánchez es uno de los dieciséis represores procesados por el secuestro y la desaparición del escritor Rodolfo Walsh.

Las medidas se suman a la tomada la semana pasada con el procesamiento de Astiz por el secuestro y las torturas de Ricardo Coquet, María Inés Imaz de Allende, Alfredo Margari, Josefa Prada de Olivieri y María Eva Bernst de Hansen. La disposición incluyó un embargo de cinco millones de pesos. Mientras tanto se aguarda que comience el juicio contra el subprefecto Héctor Febres, el primero de la megacausa en llegar a la instancia oral. Ex integrante de la Prefectura, Febres, sin embargo, tuvo un rol importante en el Grupo de Tareas de la ESMA. Actualmente está procesado por privación ilegítima de la libertad y por haber participado en el plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura.

Informe: Carolina Keve.

16 de Diciembre de 2006

EL JUEZ SERGIO TORRES PROCESÓ Y EMBARGÓ A 33 REPRESORES

Fueron Procesados ayer por secuestros, desapariciones y torturas cometidas en el Centro Clandestino de Detención ESMA durante la última dictadura militar, 33 represores:

Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo del fallecido jefe del primer cuerpo de ejercito.
Antonio Vañek, ex comandante de operaciones Navales.
Julio Antonio Tort, también ex comandante de operaciones Navales.
Jorge Eduardo Acosta.
Alfredo Astiz.
José Martínez Pizarro, Capitán de Fragata, médico en actividad.
Oscar Montes.
Manuel García.
Antonio Pernias.
Alfredo González.
Jorge Perren.
Jorge Radice.
Francisco Rioja.
Juan Carlos Rolon.
Néstor Savio.
Pedro Santamaría.
Néstor Cardo.
Ernesto Weber.
Ricardo Corbeta.
Julio Coronel, oficial del ejército.
Juan Azic.
Hugo Demario.
Carlos Fraguio.
Carlos Generoso.
Jorge Magnasco, Médico.
Carlos Pazo.
Rogelio Martínez Pizarro.
Eugenio Bilardo.
Miguel Benazzi Berisso.
Roberto Froio.
Raúl Enrique Scheller.
Oscar Lanzon.
Héctor Febres, prefecto.

Se los imputa por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometidas por un funcionario público con abuso de sus funciones y con violencia y amenazas e imposición de tormentos con resultado de muerte.

También está detenido desde Noviembre/06 el ex comandante en jefe de la armada Jorge Isaac Anaya, quien aun no ha sido indagado y se lo responsabiliza por 266 crimenes.