ESTADO DE LAS CAUSAS INTERNACIONALES Y PLAN CONDOR

Plan Condor
DECISION JUDICIAL

Fuente: Telam

Niegan la excarcelación a represores vinculados con el Plan Cóndor.

La Cámara Federal rechazó el pedido a una decena de ex militares acusados de graves delitos, cometidos en el marco del plan implementado por las dictaduras sudamericanas para perseguir y eliminar opositores.

La Justicia dio hoy un nuevo revés a varios represores acusados de participar en el Plan Cóndor: rechazó los pedidos de excarcelación de una decena de ex militares del Ejército argentino.
La decisión, tomada por la Cámara Federal, determina que entre los represores que seguirán detenidos están Santiago Riveros y Ramón Díaz Bessone, según informa la agencia Télam.
La sala I de la Cámara consideró que, por la gravedad de los hechos que se les atribuyen (privación ilegal de la libertad y asociación ilícita a nivel internacional), si quedasen en libertad podrían entorpecer la investigación o impedir la producción de pruebas pendientes.

Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani concluyeron que los hechos que se investigan "se habrían llevado a cabo en el marco del denominado Plan Cóndor, que hace referencia a la coordinación entre las dictaduras sudamericanas de la época para perseguir y asesinar opositores políticos. Los jueces mencionaron como integrantes del pacto a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Además, evaluaron que si bien no es posible determinar con exactitud cuánto duró esta alianza ilegal, su inicio se ubica "luego de la instalación de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973" en Chile.
Además de los recursos de Riveros y Díaz Bessone fueron rechazados los planteos de los ex militares Ernesto Alais, Eugenio Guañabens Perelló, Juan Pablo Sáa, Carlos Landoni, Eduardo De Lío, Carlos Tragant y Leopoldo Flores, según informa la misma agencia.

En la causa también se encuentran procesados con prisión preventiva, entre otros, el ex dictador Jorge Rafael Videla, el ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi y el general retirado Cristino Nicolaides. Otro de los procesados fue Guillermo Suárez Mason, ya fallecido.
Díaz Bessone cumple arresto domiciliario desde julio pasado. El represor estuvo activo hasta hace poco tiempo. Se lo considera el cerebro del sector de las Fuerzas Armadas que reivindica los métodos del "Proceso de Reorganización Nacional". Es más, es autor del libro Guerra revolucionaria en Argentina.

En un reportaje con un medio francés, Díaz Bessone hizo una apología de la tortura: "¿Cómo se le puede sacar información a un detenido si no se lo aprieta?", se preguntó.
Durante el gobierno de Jorge Videla fue ministro de Planeamiento. Relegado a un segundo plano, recaló en la presidencia del Círculo Militar. Desde allí, en el 2000, decidió la expulsión del ex general Martín Balza como socio en revancha por su histórica autocrítica sobre la represión ilegal.

URUGUAY

Reclaman que sean desarchivados once casos de desaparecidos.

La central sindical uruguaya PIT-CNT y familiares de desaparecidos durante la dictadura pedirán a la Justicia que desarchive al menos once casos de personas secuestradas en Argentina y trasladadas en un denominado vuelo de la muerte a Montevideo.

La confirmación fue hecha por Raúl Olivera, responsable del Departamento de Derechos Humanos de la PIT-CNT, quien en diálogo telefónico precisó que se trata de una causa orginal de los años 1984 y 1985. "En el año 2001 volvimos a presentar un pedido para que la desarchiven, pero no tuvimos éxito porque la volvieron a archivar bajo la Ley de Caducidad", explicó Olivera.

"Pero ahora -agregó- existen nuevos elementos que nos permiten suponer que el reclamo va a prosperar, como por ejemplo el caso de María Claudia García (nuera del poeta argentino Juan Gelman) que el Gobierno excluyó de la Ley de Caducidad". Esta norma otorga impunidad a militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura.

El actual gobierno de Tabaré Vázquez excluyó varios casos de esa ley y habilitó las investigaciones que se vienen realizando en el Uruguay para intentar conocer el destino de desaparecidos, muchos de ellos en el marco de la Operación Cóndor, la operativa destinada a eliminar políticos opositores en la década del 70 y principios de los 80.

La Ley de Caducidad ampara a policías y militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura, pero el artículo 4 de esa norma dispone que se investiguen las desapariciones de ciudadanos y el robo de niños. "Otro de los elementos que tenemos en cuenta para el pedido -añadió Olivera- son las informaciones que las Fuerzas Armadas le entregaron al Ejecutivo, como por ejemplo la existencia de un segundo vuelo de la muerte".

Los casos que se pedirán investigar son los de los presos políticos Gerardo Gatti, María Emilia Islas, Carlos Rodríguez Mercader, Cecilia Trías, Washington Cram, Ary Cabrera, Juan Pablo Errandonea, Juan Pablo Recagno, Alberto Mechoso, Rafael Lezama y Andrés Bellizzi.

URUGUAY

Septiembre de 2005.

Fuente: Comision de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina.

Presentacion de Querellas en Argentina.

Debido a las trabas que en Uruguay impone la Ley Nº 15.848 de "Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", ex detenidos en el Centro Clandestino de detención denominado AUTOMOTORES ORLETTI y familiares de desaparecidos uruguayos en Argentina, se presentaron a testimoniar y querellar, ante la Justicia en el Juzgado Nº 3 a cargo del Dr. Rafecas patrocinados por los abogados del espacio JUSTICIAYA impulsores de las Causas. Los presentantes son: Beatriz CASTELLONESE y Elena LAGUNA (Trasladadas en vuelo de línea y únicas sobrevivientes de los operativos del mes de septiembre de 1976). También se presentan Eduardo DEAN, Gastón ZINA, Alicia CADENAS y Ana Inés QUADROS (sobrevivientes de ORLETTI, trasladados a Uruguay en Julio de 1976 y procesados por la justicia militar). Finalmente presentará querella Amalia C. MERCADER ARRIEN, madre de Carlos Alfredo RODRÍGUEZ MERCADER (desaparecido en Septiembre de 1976 y eventual pasajero del segundo vuelo a Uruguay, reconocido oficialmente por la Fuerza Aérea Uruguaya en el informe presentado en Agosto del 2005.

INTERNACIONALES

Aprobaron el proyecto en la ONU.

Septiembre de 2005.

La desaparición de personas ya es delito de lesa humanidad.

La Argentina estuvo en el debate, en Suiza. Uruguay participó activamente como observador con abogada miembro del IELSUR

Con una activa participación de la Argentina, ayer se aprobó en la sede de las Naciones Unidas (ONU) de Ginebra, Suiza, un proyecto de Convención para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que considera a ese delito un crimen de lesa humanidad, de naturaleza imprescriptible.

El nuevo instrumento internacional también reconoce el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación, y recuerda el derecho a conocer la verdad ante esta violación de los derechos humanos, además de establecer la obligación de incriminar las desapariciones forzadas como delito autónomo.

"Es un paso gigantesco en la lucha contra la impunidad, que se recibió con gran emoción", señaló Rodolfo Mattarollo, subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la delegación argentina, desde Ginebra.

Nuestro país, que procura exhibir ante la ONU una fuerte política de defensa de los derechos humanos, fue el vocero del tema dentro del grupo integrado por los países de América latina y el Caribe, y jugó un papel importante en los aspectos jurídicos, políticos y diplomáticos del proyecto.

Entre otros aportes, un artículo redactado por la Argentina y Uruguay -e incorporado al proyecto de Convención- previene y sanciona penalmente la apropiación de niños sometidos a desaparición forzada y confirma el principio de restitución a la familia de origen.

Mecanismo novedoso

El proyecto aprobado ayer, considerado un avance en el plano internacional en la materia, establece también un mecanismo novedoso de acciones urgentes para la búsqueda de personas desaparecidas, que la delegación argentina llamó "habeas corpus internacional". Esta función estrictamente humanitaria es una de las principales atribuciones del Comité sobre la Desaparición Forzada previsto por este nuevo instrumento internacional.

Otra innovación consiste en un procedimiento por el que, si el Comité recibe información sobre prácticas generalizadas de desapariciones forzadas en un Estado, puede señalar la cuestión urgentemente a la Asamblea General de la ONU por intermedio de su secretario general.

El paso siguiente será en marzo próximo, cuando la iniciativa sea tratada ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que, de aprobarla, la elevará a la Asamblea General, según explicó Mattarollo.

25 de Octubre de 2005

DERECHOS HUMANOS

Caso Gelman: Argentina pidió la extradición de ocho militares uruguayos.
Fue luego de que la Justicia uruguaya archivase el último miércoles la causa por el asesinato de la nuera del poeta argentino.
El Gobierno Argentino solicitó a la justicia federal la captura y extradición de ocho militares uruguayos responsables de la desaparición y muerte de la nuera del poeta argentino Juan Gelman , ocurrida en Montevideo en 1976, y no descarta recurrir a instancias jurídicas internacionales.

María Claudia García Irureta Goyena fue secuestrada por militares argentinos, junto con su esposo, Marcelo Gelman, cuando tenía 19 años. El cuerpo del muchacho, hijo del poeta, fue encontrado 24 años después cerca de Buenos Aires y enterrado como NN. Pero su esposa, embarazada, estuvo recluida en el centro de torturas "Orletti", donde operaban represores argentinos y uruguayos.
Luego, fue trasladada por militares uruguayos a Montevideo en octubre de ese año, donde dio a luz a una niña, que fue entregada por los victimarios a la familia de un policía, y luego asesinada y su cuerpo, posiblemente, enterrado en un cuartel del Ejército.
La nena, Macarena, quien creció sin conocer su verdadera identidad, fue localizada en 2000 por su abuelo Gelman en Montevideo cuando tenía 23 años de edad.

La decisión de la justicia uruguaya "consagra la impunidad de los represores uruguayos" y causó "preocupación, desazón y consternación" en el gobierno argentino que decidió impulsar con urgencia la presentación judicial ante el juzgado federal de Norberto Oyarbide.

Los militares uruguayos citados por el gobierno argentino son el mayor José Nino Gavazzo, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, Manuel Cordero; teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti; capitán José Arab -alias El Turco-; coronel Jorge Silveira y capitán de la policía Ricardo José Medina Blanco -alias El Conejo-.

El gobierno Argentino ya había solicitado, mediante exhortos diplomáticos, la extradición de un grupo de militares uruguayos durante el anterior gobierno uruguayo de Jorge Batlle, pero no había recibido respuesta favorable.

El embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, había adelantado que el Gobierno recurrirá a instancias jurídicas internacionales y que va a recurrir a los organismos previstos en el sistema internacional de protección de los derechos humanos y a los acuerdos bilaterales de extradición penal con Uruguay, para que el crimen no quede impune.

La Argentina podría recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta sería la primera oportunidad en que el Estado nacional recurre a esa instancia.
La consideración de un recurso ante el tribunal internacional, no obstante, estaría sujeto a la existencia de condiciones de reciprocidad y a que se agoten todas las instancias de apelación de la Justicia uruguaya, ya que la CIDH no acepta causas que no hayan agotado recursos, salvo puntuales excepciones.
Tambien existe otro foro reservado para este tipo de presentaciones, que es el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero no se registran en el país antecedentes inmediatos de concurrencia a ese órgano.

Si bien el gobierno del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, había ordenado investigar el caso, un Tribunal de Apelaciones cerró la causa, al entender que está comprendido en la Ley de Caducidad que ampara a militares y policías que cometieron crímenes durante la dictadura.

CASO GELMAN:
EL DIVORCIO ENTRE EL DERECHO Y LA JUSTICIA.
María Urruzola (Montevideo.com)

La decisión del fiscal Enrique Moller de pedir el archivo del caso Gelman basándose en razones de procedimiento y no de justicia, y el apoyo que esa tesis recibió del Tribunal de Apelaciones que revocó la decisión del juez de reabrir la investigación del asesinato de María Claudia García de Gelmán haciendo también del devenir procesal el quid del asunto y omitiendo el asunto de la justicia, ambas decisiones, digo, tienen finalmente una virtud: violentan de tal forma el imaginario que los uruguayos tienen de sí mismos y su horror a los extremos, divorcian tan radicalmente al Derecho del sentimiento ciudadano de estar ante una crimen tan deleznable que ninguna religión ni credo pueden permitir, que finalmente ponen a la sociedad ante opciones cada vez más radicales y llevan al terreno internacional, donde no reina la impunidad, la búsqueda de la justicia denegada en el país.

Por si alguien no tiene claro cuáles han sido, en esencia, los pasos del caso Gelman, un brevísimo y transparente resumen: la familia de Gelman radicó una denuncia tras la aparición de Macarena en Uruguay como hija de un policía, el ex Presidente Jorge Batlle siguió la línea política de su antecesor Sanguinetti y declaró que el caso estaba comprendido dentro de la Ley de Caducidad, el fiscal Enrique Moller ordenó el archivo del caso y la Suprema Corte de Justicia negó que hubiese un problema de inconstitucionalidad en declarar "cosa juzgada" lo que en realidad era "cosa archivada". Tras el cambio de gobierno y la asunción de un nuevo Poder Ejecutivo, el Presidente Vázquez declaró que el caso no estaba comprendido en la Ley de Caducidad, la familia pidió que se reabriera el caso, el juez así lo hizo, pero el mismo fiscal de antes, el señor Enrique Moller, apeló esa decisión sosteniendo que era "cosa juzgada" y que el Poder Ejecutivo de ahora no podía modificar lo que el Poder Ejecutivo anterior había decidido.

Es decir: blancos y colorados creen que son los dueños in eternum de la llave de funcionamiento del Estado, y creen, a pie juntillas, que la legalidad sólo es tal cuando concuerda milimétricamente con su interpretación de la legalidad.

Parafraseando al Tribunal, que en su dictamen sostiene que no puede obligar al señor fiscal a hacer lo que éste no quiere hacer , está cada vez más claro que ningún integrante del Poder Judicial podrá obligar a la ciudadanía uruguaya a hacer algo que ésta no quiere hacer: perdonar a los asesinos de una jovencita de 19 años que fue secuestrada, trasladada de país y asesinada para robarle su bebé. El fiscal y sus colegas del Tribunal han logrado, con su decisión carente del más mínimo sentido de justicia, trasladar el tema al terreno internacional: Argentina pedirá la extradición de los ocho militares acusados de haber participado en el secuestro y traslado de María Claudia, y el Poder Ejecutivo habilitará dicha extradición.

Es más: cada día parece más probable que los propios militares busquen la manera de "entregar" a los ocho acusados o a alguno de ellos, como forma de dejar en claro que tan odioso asesinato nada tuvo que ver con la supuesta "lucha antisubversiva" y que no hubo mandos que ordenaran tal aberración, como parecen pensarlo Jorge Batlle, Enrique Moller, y los miembros del Tribunal de Apelaciones (Gómez Tedeschi, Corujo y Minvielle), ya que todos ellos incluyen con total soltura el caso en la Ley de Caducidad.

Como sucedió con el caso de Augusto Pinochet en Chile, que tardó años en encontrar su cauce y siguió un periplo procesal tan insólito que hasta pasó por España y Gran Bretaña, cuando el Derecho se divorcia de la justicia y pretende pisotear a ésta en nombre del respeto a procedimientos que no son otra cosa que decisiones políticas travestidas en idioma jurídico, el afán de justicia hace lo que el agua cuando se le pretende impedir el paso: busca uno, dos, tres, decenas de caminos hasta dar con el cauce que la devuelva a su lecho natural. Así, desde que se votó la Ley de Caducidad, el afán de justicia ha buscado nuevos caminos sin cejar en su determinación de que un día se haga justicia.

Más allá de la nueva demora, que ya de por sí es sumar un castigo más a la injusticia que vienen sufriendo las víctimas y sus familias desde hace 20 años, el papelón de Moller ante la historia debería servir para que el tema del Poder Judicial se pusiera urgentemente en la agenda del gobierno y sus planes de reforma del Estado. Porque el asunto de la reforma del código del proceso penal lleva años en carpeta, el caso del súper fiscal Peri Valdez sigue sin resolución definitiva, y la gran discusión que el país se merece acerca de qué justicia quiere y necesita duerme un sueño eterno. Por estos mismos días, la Suprema Corte de Justicia advirtió públicamente que si dicho poder no recibe más recursos que los anunciados en la Ley de Presupuesto, "se estaría a las puertas de una crisis institucional sin precedentes históricos y de consecuencias imprevisibles".

Lo que para todos debería estar claro es que no habrá democracia integral ni gobernabilidad posible si el sistema judicial no acompaña los desafíos de la época con eficiencia, honestidad e imparcialidad, y sobre todo con una constante vigilancia respecto a las violaciones de los derechos humanos, pasados, presentes y futuros. Y con una voluntad férrea al servicio de la justicia, aún si tiene que elegir en contra del Derecho.

MONTEVIDEO / URUGUAY

ABOGADOS FRANCESES CREAN UN COMITE INTERNACIONAL A FIN DE PROMOVER LOS PROCESAMIENTOS DE LOS GENOCIDAS QUE ACTUARON DURANTE LA ULTIMA DICTADURA MILITAR

Fuente: Diario "El Pais"

Un grupo de destacados abogados franceses anunció ayer la creación de un comité internacional de juristas, con el fin de promover los procesamientos de los responsables de las violaciones a los derechos humanos en Uruguay. La decisión se adoptó luego de conocer la decisión de la Justicia de archivar las investigaciones sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman .

La abogada de la familia Michelini, Hebe Martínez Burlé, se encuentra en París, y desde allí dijo a la publicación que tras reunirse con organizaciones políticas, de derechos humanos y magistrados franceses, se decidió conformar un comité internacional de juristas "para luchar contra la impunidad en Uruguay". Martínez Burlé explicó que los magistrados y abogados franceses redactarán exposiciones sobre la situación de Uruguay para ser remitidas a los tribunales, fundamentando su discrepancia con los pronunciamientos de la Justicia uruguaya respecto a la prescripción de los delitos, así como a los fallos relativos a la cosa juzgada.

"Es tremendamente importante la posición asumida por los abogados franceses. Hemos encontrado muchísimo apoyo y estamos contando con eso. Nuestra próxima etapa es en España, donde nos entrevistaremos con juristas, entre ellos Baltasar Garzón, para que las causas que en Uruguay sean definitivamente archivadas, puedan continuar en la jurisdicción española que se ha declarado de competencia universal", anunció la abogada.

Adelantó que proseguirá con las denuncias en las cortes internacionales. Antes de llegar a Francia, Martínez Burlé estuvo en Alemania, participando en un congreso relacionado con las denuncias de violaciones a los derechos humanos y las acciones de la Justicia en distintos países, entre ellos Uruguay. En la ciudad suiza de Ginebra, denunció ante las Naciones Unidas la circunstancia de que el sistema judicial uruguayo, no está aplicando los tratados internacionales que compromete directamente la responsabilidad del Estado. "Lo que estamos pidiendo es que los tratados se apliquen, que el Uruguay tiene que sanear sus posturas tan anacrónicas y tiene que aplicar el derecho internacional que fue incorporado a nuestra legislación", dijo la abogada.

MONTEVIDEO / URUGUAY

APRONTAN LEY SOBRE DESAPARICION FORZADA OPINIONES ENCONTRADAS RESPECTO A SU RETROACTIVIDAD

Fuente: Diario "La Republica"

La bancada de senadores del Encuentro Progresista/Frente Amplio/Nueva Mayoría, integró un grupo de trabajo para -junto al Poder Ejecutivo- dar forma definitiva al proyecto de ley que declara la desaparición forzada como delito permanente e imprescriptible de lesa humanidad. Los legisladores del Partido Nacional han anunciado que están dispuestos a acompañar la iniciativa, pero aclararon que no puede aplicarse en forma retroactiva.

El proyecto preentado por el senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio se denomina "Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Cooperación con la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma)", y recoge borradores de una iniciativa del jurista Oscar López Goldaracena. Su atículo 21 dice textualmente:

"21.1. El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, procediere a privar de libertad a una persona, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o el paradero o la suerte de la persona privada de libertad; o que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte, será castigado con dos a veinticinco años de penitenciaría".

"21.2. El delito de desaparición forzada será considerado como delito continuado o permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima"

"21.3. Atenúa el delito de desaparición forzada de personas las siguientes circunstancias: (a) Que la víctima sea puesta en libertad indemne; (b) que se informe o actúe para posibilitar o facilitar la aparición con vida del desaparecido".

En su edición de hoy, el diario "El Observador", recoge las opiniones de varios juristas respecto a esta iniciativa:

MIGUEL SEMINO
Constitucionalista, ex secretario de la Presidencia (1995-2000).
Lo que se busca en el fondo es derogar la Ley de Caducidad, pero no se pueden cambiar sus efectos y hacer renacer por arte de magia un delito que ya extinguió. El amnistiado tiene un derecho adquirido que no se puede revertir.

GONZALO AGUIRRE
Constitucionalista, ex vicepresidente de la República (1990-1995), redactor de la Ley de Caducidad.
Si se desconoce esta vez el principio de que la ley penal no se aplica con retroactividad en perjuicio del acusado, ¿quién garantiza que este criterio no se aplique a la creación de otras figuras penales y otros delitos a aplicar con retroactividad?

JUAN FAGÚNDEZ
Penalista.
Están tratando de utilizar a la Justicia para resolver un tema político, y es entonces cuando fallan los engranajes, como sucedió con la Ley de Caducidad, un disparate jurídico que ha generado problemas desde hace 20 años.

HORACIO CASSINELLI MUÑOZ
Constitucionalista.
Es posible que cualquier Estado aplique el derecho internacional, que establece que el delito de desaparición forzada no prescribe, o establecer en la normativa nacional que la desaparición es un delito permanente.

GUILLERMO PAYSÉE
Abogado de Serpaj.
La desaparición forzada es un delito permanente. Si el juez aplica una ley que así lo consagre, el inicio del delito se ubica en el momento en que se produce la desaparición y es posible castigar a los responsables.